Análisis Italia: el Tribunal Constitucional y la reforma electoral

Es politólogo en Sant’Anna School of Advanced Studies de Pisa

Con la sentencia 35/2017, dictada el 9 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional italiano ha declarado inconstitucional algunas disposiciones del sistema electoral para formar la Cámara de los Diputados, ley 52/2015 (conocida como “Italicum”).

Esta nueva ley electoral había sido aprobada tras la declaración de inconstitucionalidad de la antigua normativa para la elección de diputados y senadores (sentencia 1/2014) y aprobada ante la perspectiva de entrada en vigor de la reforma constitucional conocida como “Renzi-Boschi”. En el sistema previsto por la ley 52/2015, el premio o prima de escaños para alcanzar la mayoría se asignaba a la lista (y no a la coalición de listas) que obtuviese el 40% de los votos en la primera vuelta electoral o, si ninguna de las partes hubiera alcanzado dicho porcentaje, se asignaba a la lista que obtuviese el mayor número absoluto de votos en la segunda vuelta. En ambos casos, la formación política que hubiese tenido la mayoría relativa de votos obtenía 340 escaños de los 617 asignados (en el ámbito nacional).

En general, el Tribunal Constitucional ha declarado la ilegitimidad constitucional tanto de la atribución del premio de mayoría en la segunda votación (ballotage) como de la disposición que permite a los electos en varias circunscripciones escoger a discreción su colegio de elección. En particular, los jueces han declarado inconstitucional la atribución del premio de mayoría en la segunda votación porque si una lista puede acceder a dicho premio a pesar de que en la primera votación obtuvo un resultado escaso, estas controvertidas disposiciones reproducirían así un “efecto distorsionador” similar al que la Corte ya había identificado en la sentencia 1/2014. De hecho, el Tribunal ha declarado que las disposiciones declaradas inconstitucionales “producen una desproporción entre la composición de una de las Cámaras que componen la representación política nacional, centro del sistema de la democracia representativa y forma de gobierno parlamentaria prefigurada por la Constitución, y la voluntad del pueblo expresada en las urnas”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que aunque las disposiciones impugnadas persiguen un objetivo de importancia constitucional, como es el de la estabilidad del gobierno del país, no respetan las menores restricciones de otros intereses y valores protegidos por la Constitución (artículo 1, § 2, artículo 3 y artículo 48, § 2, de la Constitución).

La sentencia 35/2017 es fundamental en varios aspectos. En primer lugar, la declarada inconstitucionalidad de las disposiciones tiene un impacto más amplio sobre el sistema político italiano porque, además del referéndum constitucional del 4 diciembre 2016, requiere al Parlamento a trabajar para resolver el nuevo problema de las leyes electorales. De hecho, como resultado de la declarada inconstitucionalidad, la legislación electoral en vigor consiste en un sistema de representación proporcional para el Senado (pero con umbrales mínimos de acceso para la repartición de los escaños más altos) y un sistema de representación proporcional –si ninguna lista obtuviese la mayoría del 40% de votos en la primera votación– para la Cámara de los Diputados (con umbrales mínimos de acceso para la repartición de los escaños del 3% de los votos).

En segundo lugar, la sentencia confirma la crisis de la clase política y la dificultad del sistema de gobierno italiano para poner en práctica las reformas electorales ajustadas a los principios de la Constitución. A pesar de que el Tribunal Constitucional declaró en 2014 que no está entre sus funciones evaluar la pertinencia o la eficacia de las leyes electorales, es evidente que ha jugado un papel de creciente importancia en la definición de las coordenadas del debate electoral de los últimos años. Un debate que pondrá a prueba un sistema de partidos italiano bastante agotado, fragmentado y desacreditado.

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