Análisis Democracia o dictadura en Venezuela

Fernando Gerbasi es Embajador jubilado venezolano

Hoy 19 de abril de 2017, se cumple el 207 aniversario del inicio del proceso independentista en Venezuela. La dirigencia política, con mucho tino, escogió está fecha para convocar a la ciudadanía a expresar, de manera pacífica, su rechazo al golpe continuado que ejecuta el Gobierno venezolano, particularmente desde que el Tribunal Supremo de Justicia adoptó las sentencias 155 y 156, que siguen en su fondo vigentes, por medio de las cuales se anulaban las competencias de la Asamblea Nacional y se traspasaban al propio TSJ, a la vez que se otorgaban poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil a Nicolás Maduro. Esta convocatoria era conocida desde hace ya algunos días. Frente a ella, la respuesta de Nicolás Maduro, rodeado del Alto Mando Militar, fue la de anunciar la militarización del país, además, bajo la sempiterna argumentación del golpe de Estado promovido por los Estados Unidos, pregonar que 500.000 civiles adeptos al régimen recibirán “entrenamiento” y un fusil para defender “su barrio, su territorio y a la revolución bolivariana” de “los traidores de la patria”. En fin, amenaza las manifestaciones previstas para el día de hoy con mayor represión.

Durante los últimos tres años, en particular a partir de febrero de 2014, la oposición venezolana ha estado sometida a la represión y a la persecución, no sólo de los líderes políticos sino también de los ciudadanos de a pie. De conformidad con el Foro Penal Venezolano, al 15 de abril de 2017, el número de presos políticos en el país era de 147, entre los cuales destacan Leopoldo López y Antonio Ledezma. En las últimas dos semanas, según la misma Organización, han sido detenidas 538 personas, de los cuales 201 fueron liberados, 64 tienen medidas cautelares y el resto, 273 siguen privados de libertad.

Desde octubre del año pasado la oposición venezolana mostró la mejor voluntad para encontrar soluciones a la profunda crisis político-institucional, así como a la crisis humanitaria. Por eso participó, entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre de 2016, en el diálogo que fue impulsado por la UNASUR, utilizando como mediadores a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, al cual se unió posteriormente el Vaticano a solicitud de la oposición venezolana. Este diálogo fue un rotundo fracaso, como consecuencia del incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados. El diálogo fue utilizado por el Gobierno para ganar tiempo, evitar las manifestaciones pacíficas, emprendidas por la oposición a partir del mes de septiembre, y enviar un mensaje distorsionado a la comunidad internacional de ser un gobierno democrático, pacífico y dialogante, decidido a buscar soluciones consensuadas a los acuciantes problemas que confronta la población.

Las propuestas de la MUD para poder superar la actual crisis siguen más que vigentes y han encontrado un amplio consenso y respaldo a nivel internacional, particularmente en la región latinoamericana. Ellas son: que se proceda a la inmediata liberación de todos los presos políticos, a una separación real de poderes, a la creación de un canal humanitario y al establecimiento de un calendario electoral para que sean los venezolanos los que decidan, por vía del voto, cuál gobierno darse.

Hoy es un día de un profundo significado, o Venezuela rescata su democracia o se corre el riesgo que la dictadura madurista, sostenida por el estamento militar, se consolide en el poder, no sólo para desgracia de los venezolanos sino también de toda Iberoamérica. Once países de la región hicieron un llamado al Gobierno venezolano para que impida cualquier acción de violencia que se pudiera generar en el día de hoy contra los manifestantes. Igualmente lo exhortaron para que defina cuanto antes el calendario electoral que “permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y preocupa a la región”.

Vivimos una hora crucial para la democracia en Venezuela, por ello los gobiernos del mundo libre, en las actuales condiciones, no pueden sino asumir una postura firme y de condena frente a la barbarie que quiere impulsar la dictadura de Nicolás Maduro, oponiendo la militarización y la represión frente a las manifestaciones pacíficas de los venezolanos, en defensa de sus derechos políticos, sociales y económicos.

 

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