Análisis El engaño constituyente

Xavier Reyes Matheus es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos

Desde que Hugo Chávez lo introdujo en 1999, el uso golpista de la Asamblea Constituyente ha sido la gran arma del leninismo latinoamericano posmoderno. Cabría decir el arma secreta, pero si su eficacia liberticida tardó mucho en quedar en evidencia –hasta 2009, diríamos, con el intento fallido de Zelaya en Honduras– fue precisamente por la forma en que aquel recurso se publicitó a bombo y platillo como la cosa más propia y esperable de un sistema democrático; identificado éste, claro está, con el ejercicio absolutista del derecho a decidir.

Conformes con ello, los analistas prefirieron en cambio criticar al chavismo por sus desafueros verborrágicos, y el foco de la discusión se puso en el famoso concepto de populismo, del que tantas glosas se han hecho. Pero decir que el régimen venezolano era populista implicaba, a fin de cuentas, un reconocimiento de su arraigo electoral, porque allí donde cuenta el voto ciudadano los políticos despliegan siempre estrategias llamadas a lisonjearlo, y todos aspiran a despertar la empatía de las masas, que es lo que da la legitimidad para gobernar. A veces las masas se hacen sospechosas de responder a móviles perversos cuando siguen a determinados líderes, pero esa variable siempre se desecha en la lógica del sufragio universal, donde vox populi, vox Dei; de manera que el carisma de Chávez podía resultar excesivo y esperpéntico, pero era difícil impugnarlo como un recurso inválido en la competencia por el voto.

El problema es que toda esa atención a la excentricidad de Chávez impedía ver lo que en realidad se ocultaba detrás, que era, simple y llanamente, un proyecto totalitario. Porque el populismo de una democracia al uso consiste en procurar que el pueblo se haga partido, o más bien partidos, habida cuenta de que se garantiza la pluralidad de fuerzas políticas y que todas compiten para ganar la mayoría. El totalitarismo, por el contrario, encarnado en el partido único, proclama que éste es el auténtico pueblo, mientras hace de los disidentes hostes humani generi, traidores a la patria a los que se les niega cualquier derecho. El chavismo siempre procedió según ese criterio, y su fanfarronería y su carnaval no estaban hechos para legitimarse como autoridad democrática, sino revolucionaria. No pretendían decir: “El pueblo nos quiere, y por ello gobernamos”, sino: “Sólo nosotros somos el pueblo, y si se pretende que gobiernen otros, lo impediremos por la fuerza”.

Uno y otro argumento, sin embargo, se presentaron desdibujados a los ojos de los venezolanos, que siguieron creyendo que todo entraba dentro de las reglas del juego democrático. Chávez los convocó a la Constituyente de 1999 para refundar la nación, y la gente apoyó aquel proceso sin saber que esa nación nueva sólo podía ser el Estado comunista que el pupilo de Fidel Castro ya había resuelto construir. La Asamblea tuvo un objetivo puramente táctico: derrocar los poderes constituidos y levantar unos nuevos bajo el control chavista. Por lo demás, el producto del poder constituyente por el que tanto se había encomiado la participación de la ciudadanía fue una Constitución republicana, con reconocimiento de derechos, separación de poderes, y garantía de la alternancia; pero también ella, desde su nacimiento, quedaba subordinada a la misma razón revolucionaria: si no resultaba útil para que gobernase el chavismo, habría que forzarla.

De allí que la Constitución con la que Chávez fundó esa nueva República Bolivariana de Venezuela representase al mismo tiempo el Antiguo régimen y la revolución. La propaganda dirigida desde Cuba no hizo desde entonces sino diseñar el Estado socialista, indiferente al modelo liberal que se había plasmado en la Ley Fundamental. El argumento revolucionario salvaba esa brecha; así que, con el apoyo de un Tribunal Supremo desvergonzadamente sumiso al caudillo, quedó definido que era constitucional todo aquello que complaciese al régimen, e inconstitucional todo lo que lo contrariase. El ejemplo más acabado de este rasero fue el Congreso, que la Constitución de 1999 había convertido en un órgano unicameral, rebautizado con el libertario nombre de Asamblea Nacional. Controlada por el chavismo, se aceptaba que esta institución gozaba de la máxima legitimidad y que sus diputados eran los auténticos representantes del pueblo. Con mayoría opositora, por el contrario (como la que se obtuvo en las elecciones de 2015), la representación quedaba de inmediato despreciada como un artificio burgués y oligárquico, que reclamaba ser superado por la idea mucho más democrática de la participación. Y la expresión de esto son las comunas: sóviets que no menciona la Constitución, pero que el gobierno dispuso en una Ley Orgánica al efecto.

No extraña a nadie, pues, que el heredero de Chávez proponga ahora una nueva Asamblea Constituyente, destinada a profundizar la revolución; es decir, a conformar las leyes con el tipo de régimen que desde el principio proyectó establecer el chavismo (y que ha establecido, ciertamente, al margen de ellas). Desconcierta, eso sí, que pretenda llevar al país a una confirmación de sus votos comunistas, precisamente en un momento en el que todo previene a Maduro contra el parecido con Ceaușescu. Los venezolanos ya han comprobado, con lujo de sufrimiento, que son los rehenes de una nomenklatura hampona y rapaz, y ésta, como antes se ha dicho, no ha necesitado para imponerse otra legitimidad que sus pistolas. Todo lo cual lleva a creer que el empeño de Maduro sólo tiene por objeto impedir su sacrificio personal en el seno del chavismo, ahora que la gente se revuelve contra la revolución, y que ésta podría querer salvarse entregando la cabeza del antiguo conductor de autobuses. La televisión del Estado repite obsesivamente las imágenes del momento en que Chávez recomendó a Maduro para sucederlo, antes de marcharse a morir; y todo el mundo sabe que esa designación no ha bastado para investirlo, a los ojos de sus propios correligionarios, con una autoridad comparable a la del difunto teniente coronel. Por eso, esta Asamblea que ahora propone sería en realidad una suerte de congreso nacional del partido, del que Maduro intentaría salir blindado frente a la amenaza, por ejemplo, de un Diosdado Cabello.

No tiene ningún sentido práctico, en consecuencia, enfrascarse en una discusión sobre la utilidad de una Asamblea que está concebida así. Y conviene dejar clara una cosa a todos aquellos ingenuos que crean que la oposición debería aprovechar semejante convocatoria para participar en un gran proceso de diálogo nacional, destinado a librar al país de una peligrosa fractura social y a construir un escenario político alternativo: no debe olvidarse que Nicolás Maduro ha cometido gravísimas violaciones contra los derechos humanos. Es imposible a estas alturas, y con la cifra de muertos, de heridos, de presos y de torturados que se han registrado últimamente en Venezuela, imaginar para un personaje tan siniestro otro destino que el de ser juzgado por todos esos crímenes. Y para hacerlo será necesario despojarlo antes del poder, que es la heroica lucha en la que vierten ahora su sangre los venezolanos.

#dictadura #Venezuela #Maduro #Asamblea Constituyente