Análisis Ilusión fiscal

Santiago Álvarez García es profesor titular de Hacienda Pública, Universidad de Oviedo

Las Lecciones de Jurisprudencia constituyen una recopilación, efectuada a partir de los apuntes tomados por los estudiantes, de los cursos de filosofía moral dictados por Adam Smith en la Universidad de Glasgow en los años 1762 a 1764. En su análisis de los ingresos públicos destacaba, entre los efectos de los impuestos sobre el consumo, su imperceptibilidad por parte del contribuyente:

“Contra los impuestos sobre consumo no se murmura tanto porque repercuten sobre el comerciante, que los repercute en el precio de los bienes y así son pagados insensiblemente por la gente. Cuando compramos una libra de té no nos damos cuenta de que la mayor parte del precio es un tributo que se paga al gobierno y, por tanto, lo pagamos con gusto como si fuera sólo el precio natural de la mercancía. De la misma manera, cuando se establece un impuesto adicional sobre la cerveza, su precio debe subir, pero el populacho no dirige directamente su malicia contra el gobierno, que es su objeto apropiado, sino sobre los cerveceros, porque confunde el precio gravado con el natural”.

Al plantear la ocultación de la carga tributaria vinculada a la imposición indirecta, anticipaba el gran economista escocés la teoría de la ilusión fiscal o ilusión financiera, desarrollada por el hacendista italiano Amilcare Puviani a comienzos del siglo XX.

La ilusión fiscal consiste en la infravaloración, por parte de los contribuyentes, del coste impositivo que tiene que satisfacer por los bienes y servicios públicos que reciben. Este error en la evaluación de los costes y beneficios que suponen para los ciudadanos las actuaciones del sector público, conduce a una mayor demanda de bienes públicos, lo que provoca, a su vez, que el gasto público aumente por encima del nivel que sería económica y socialmente eficiente.

La visibilidad de los impuestos se ve afectada por un conjunto de factores que dependen de la naturaleza y la estructura del sistema tributario. Un elevado peso de la fiscalidad indirecta o la relación de la carga tributaria con sucesos favorables al contribuyente, como los impuestos sobre el juego, contribuyen a generar ilusión fiscal.

A la ocultación de la carga tributaria contribuyen también mecanismos recaudatorios, como las retenciones en origen en el impuesto sobre la renta, que hacen más complicado diferenciar entre la renta antes y después de impuestos que recibe el sujeto pasivo. Esta dificultad no existiría si tuviera que afrontar el desembolso directo del tributo, como sucede con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Vehículos, en los que la administración envía un recibo anual que el contribuyente paga en ese momento.

Finalmente, cuanto más complejo y fragmentado sea el sistema tributario, más difícil le resultará al ciudadano evaluar su participación real en la financiación de los servicios públicos, subestimando su coste. Este problema se agudiza cuando un impuesto, o una cesta impositiva, se comparten entre distintos niveles de gobierno, que participan en su recaudación y disponen de competencias regulatorias sobre los mismos. Así sucede en España con los impuestos compartidos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Por poner un ejemplo sobre este problema, podemos citar el estudio “Actitudes y opiniones fiscales de los españoles”, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales en el año 2015, en que un 80% de los encuestados consideraba que la recaudación del IRPF correspondía al gobierno central, cuando se trata de un impuesto compartido al 50% entre el Estado y las Comunidades. Es evidente que esta errónea atribución de responsabilidades ha permitido a algunos gobiernos autonómicos subir los tipos impositivos que aplican a sus residentes, intentando imputar al Estado la culpa sobre la presión fiscal desmedida que soportan en comparación con los de otras regiones que tienen comportamientos fiscales más responsables.

En estos momentos en que se está estudiando la reforma del sistema de financiación autonómica, considero que el mayor problema en relación con los tributos cedidos no es la demandada –por algunos– armonización fiscal o la limitación de competencias autonómicas. Creo que es más importante avanzar en la corresponsabilidad fiscal, entendida como correcta visibilidad de la carga tributaria. Establecer los mecanismos para que los contribuyentes sepan los impuestos que pagan y el gobierno responsable de los mismos, sin que estos cambios supongan un mayor coste en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El impuesto que mayor ilusión fiscal genera es uno que muchas veces no se percibe como tal: la deuda pública. El recurso al déficit y al endeudamiento supone desplazar la carga tributaria del momento actual al futuro, el de su reembolso o amortización. En la medida en que los ciudadanos no sean capaces de calibrar de una manera adecuada las obligaciones tributarias futuras que impondrá el servicio de la deuda, los gobiernos tendrán incentivos a expandir el gasto sin elevar en la misma medida los impuestos.
Escribía en 1896 el economista sueco Knut Wicksell, que un individuo solamente podría realizar una elección racional entre varias propuestas de gasto público si se le presentaba al mismo tiempo la carta de pago de sus impuestos.

Para que el sector público funcione de manera eficiente se precisan importantes avances en la transparencia presupuestaria, el principio más importante pero más olvidado de los que introdujo en nuestro país la normativa de estabilidad presupuestaria aprobada en el año 2001.

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