El guion del 1-O

El espectáculo del 1-O fue la escenificación de un guion bien aprendido y estructurado. Aquel día, muchos ciudadanos nos quedamos en casa más por prudencia que por miedo, quizás porque no queríamos convertirnos en cómplices del golpe de guante blanco contra la democracia que escondía la convocatoria del referéndum ilegal; quizás porque sabíamos, al igual que el presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy –cuando defendió la sentencia de los jueces para que el negro James Meredith pudiera estudiar en la Universidad de Mississippi–, que cuando se desafían los mandatos de los tribunales y la Constitución “ninguna ley [estará] libre de duda, ningún juez [estará] seguro de su mandato y ningún ciudadano [estará] a salvo de sus vecinos”. No hablo en nombre de nadie, pero estoy segura de que para muchos el quedarnos en casa fue nuestra forma, pasiva si se quiere, de defender la Constitución, el Estado de Derecho y las leyes democráticas, o como mínimo nuestra forma de no subirnos a la ola independentista. Pero nosotros no teníamos cámaras ni periodistas a la puerta de casa.

Los ciudadanos de Cataluña tenían claro que el llamado procés llegaba a la recta final, aunque quizás hacían oídos sordos a las posibles consecuencias. Dos o tres días antes del 1-O, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras recibir el escrito de la Fiscalía Superior, había ordenado a la Guardia Urbana, a las policías locales y municipales de Cataluña custodiar el material electoral depositado en los ayuntamientos, propiedad de la Administración General del Estado, y a los Mossos d’Esquadra, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional impedir la utilización de edificios públicos para la preparación del referéndum. El 28 de septiembre, la magistrada Mercedes Armas pidió a la Fiscalía parar las diligencias, con lo que el TSJC asumió de facto el control del operativo. La Fiscalía había dado instrucciones concretas a los Mossos: desalojar antes del sábado los colegios, precintar las sedes y vigilarlas hasta el domingo por la noche, además de incautar urnas, equipos informáticos y propaganda. La magistrada dio orden de impedir la apertura de los colegios a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra, a Sebastián Trapote, jefe superior de la Policía Nacional, y a Ángel Gonzalo, general jefe de la Guardia Civil en Cataluña. Ese mismo día Trapero advirtió al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que precintar los colegios podría poner en riesgo el orden público.

El Fiscal había encargado al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, la coordinación de Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra. Pero el Govern de la Generalitat no aceptó el control de los Mossos. El conseller d’Interior Joaquin Forn, nombrado por sus méritos independentistas, consideró “intolerable que el Estado dirija los operativos policiales de Cataluña”. Trapero también se opuso y el president Puigdemont solicitó al TSJC, como medida “cautelarísima”, la suspensión de la orden verbal para la coordinación de la actividad policial de Cataluña, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC lo rechazó.

Es entonces cuando, a través de periódicos –La Vanguardia, Ara, Nacional y otros medios independentistas y ‘podemitas’–, los lectores tienen acceso al historial familiar del coronel Pérez de los Cobos y empieza a construirse el relato épico que acabaría en los despropósitos propagandísticos del 1-O. Así, se supo que las milicias republicanas habían matado a su abuelo en la guerra civil –“asesinato que marcó a la familia Pérez de los Cobos a sangre y alimentó las inclinaciones derechistas de la saga”, escribió alguien (sin firma) en insurgente.org–. Por su parte, La Vanguardia señaló que su padre fue en la candidatura de Fuerza Nueva al Congreso de los Diputados en 1977. Y que su hermano Francisco fue magistrado del Tribunal Constitucional, presidente entre 2014 y 2017, y que bajo su mando “el 2 de diciembre de 2015 el Constitucional dictó por unanimidad la sentencia clave de toda la ofensiva judicial contra el procés. En ella declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlament de Catalunya sobre el inicio del camino a la independencia”. Mientras Ara.cat dedicó un pequeño reportaje, “¿Quién es Pérez de los Cobos, el coronel a quien la Fiscalía quiere que obedezcan los Mossos?”, con el subtítulo “Una familia experta en la lucha contra el Procés”, y otros medios aseguraban que apoyó el intento de golpe de Estado del 23 F (¿a los 13 años?).

Pero sigamos con la jornada del 1-O. Salvo en algunas calles o zonas próximas al centro y el Ensanche, como el entorno de la Escuela Industrial o el colegio Ramón Llull, o en los pueblos y colegios donde iban a votar Mas, Puigdemont y Junqueras (¿cómo sabía la prensa dónde?), parecía una jornada relativamente normal, un domingo cualquiera con pequeñas concentraciones en los entornos de algunas escuelas, eso sí, con el ruido de algunos helicópteros y más presencia de furgones policiales.

Por más que el gobierno de Rajoy hubiese dicho que el referéndum no se iba a celebrar, lo cierto es que se veía gente votar. Si uno encendía la televisión, veía colas para votar y gente votando. ¿Y los Mossos? ¿Dónde estaban los Mossos? ¿No tenían que haber clausurado las sedes electorales? ¿No debían acatar la orden de intervenir para impedir el referéndum ilegal? ¿No habían prometido lealtad a la Constitución y al Estatut? Pues no intervinieron. ¿Qué estaba pasando?

Con posterioridad los ciudadanos supimos que los Mossos no estaban en las llamadas sedes electorales para cumplir la orden de la magistrada del TSJC, sino para ‘observar’ y no intervenir más allá de levantar acta de lo visto. Habían recibido órdenes de su jefe, el mayor Trapero, que a su vez ¿había recibido órdenes del superior político o ya sabía desde hace tiempo lo que tenía que hacer? (Carles Puigdemont había declarado que “si tienen que escoger entre retirar las urnas y proteger, los Mossos tendrán prioridades”). Órdenes de algunos con quienes había compartido domingos de paella entre amigos antes de ser nombrado ‘mayor’. Los Mossos no habían cerrado los colegios, ni habían desalojado a la gente que había ‘custodiado el fuerte’ por la noche: mayores y menores de edad, adolescentes y niños a los que habían llevado para celebrar un ‘pijama party’. Ante esta pasividad, y cumpliendo la orden de la magistrada, la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron. Pero su número era insuficiente y además llegaron cuando ya mucha gente ‘debidamente instruida’ se agolpaba en las sedes.

Los independentistas llevaban años preparando el 1-O desde la consulta fallida del 2014. Con declaraciones de representantes institucionales, actuaciones como los reglamentos exprés, viajes turísticos –pagados con nuestros dineros– en busca de apoyos internacionales, pero, sobre todo, con la complicidad debidamente remunerada de organizaciones parapolíticas como la ANC de Jordi Sánchez y el Òmnium Cultural de Jordi Cuixart, entidades soberanistas especializadas en movilizaciones multitudinarias –con hitos como las manifestaciones del 11-S– y en la orquestación de protestas ante las sedes de las instituciones judiciales en defensa de altos cargos políticos implicados o llamados a declarar por algún presunto delito.

Los organizadores habían dado instrucciones precisas no sólo de dónde votar sino sobre el protocolo a seguir. Y si uno no estaba en el ‘circuito independentista’ o no trabajaba en alguna institución –centros educativos, hospitales u otro tipo de servicios públicos– con representantes de sindicatos adictos al régimen nacionalista o directivos y gestores dispuestos a servir de cadenas de transmisión, quedaba automáticamente fuera del guion, o participaba en la creencia de que realmente estaba en juego ‘la democracia del voto y la libertad de expresión’, cuestiones una y otra vez propagadas por los medios nacionalistas.

¿Y qué decía el guion previamente aderezado con el tratamiento que habían dado los periódicos a Diego Pérez de los Cobos? En una charla en el Colegio de Abogados de Gerona se explicó que en cada colegio habría un abogado y que era importantísimo que no hubiera “la más mínima violencia”, y que si a alguno se le requisaba el móvil debía pedirse una copia del acta con el número del policía. También aconsejaron no participar en juicios rápidos si se era detenido, negarse a declarar y no hablar con la policía. “Mudos”. Se aconsejó ir a los colegios electorales a primera hora, cuanto antes mejor, pues “si encuentran mucha gente, a los policías [¿por qué no hablaban de los Mossos?] les resultará muy difícil cualquier acción”.

Un supuesto ‘mosso d’esquadra USC (Unidad Seguridad Ciudadana)’ escribió un mensaje a los policías nacionales y guardia civiles enviados a Cataluña. Les decía: “Desconozco qué información os ha llegado de vuestros superiores o habéis visto en la prensa española, pero si venís pensando que esto es Beirut, que estamos gobernados por unos ‘independentistas radicales’, que los que se manifiestan son una ‘minoría antisistema’ (…), lo siento pero estáis equivocados (…). Ese día miles y miles de personas van a salir a la calle, ya sean ancianos, jóvenes adolescentes, niños, adultos como tú o yo… todos ellos con ganas de expresar sus sentimiento y poder ‘votar’ por ‘una democracia real’ (…), debes saber que tú eres el mecanismo que el Gobierno del Estado ha enviado a Cataluña para continuar con su ‘política actual’ (…)”. No sabemos cuántos policías recibieron el mensaje, pero sí que lo recibieron quienes estaban en el ajo y lo reenviaron.

Y las lindezas del guion siguieron: “Confirmado que el AVE procedente de Madrid está lleno de personas con escudos independentistas con instrucciones precisas de provocar alborotos”. Y más: “Todas las llamadas serán grabadas. Se graban todos los registros de llamadas telefónicas. Se graban todos los mensajes y llamadas de Whatsapp… Son monitoreados todos los medios sociales y foros. Informad a los que no saben. Todos los dispositivos están conectados a sistemas departamentales del ‘Gobierno Federal’ [sic]”.

No merece la pena seguir. Hubo un guion bien armado puesto en marcha a primeras horas de la mañana del 1-O. Y se abrió el telón de la escenificación en el momento en que policías nacionales y guardia civiles entraron en las ‘sedes’ para requisar urnas y papeletas, y en algunos casos encontraron a las turbas parapetadas tras niños y ancianos. Como ha escrito un representante de las fuerzas del orden, el objetivo de la acción era impedir el desarrollo de una consulta electoral ilegal, “nadie que estuviera en la puerta de un colegio, inmediaciones, ni siquiera dentro de los colegios fue agredido, a menos que ofrecieran resistencia activa, como hicieron algunos con mucha violencia y una ira verbal que parecía inusitada”.

Y empezaron las fotos y las imágenes que recorrieron el mundo. Algunas reales y otras falsas porque, como en alguna ocasión le escuché a un rabino, “la mentira más eficaz es la que tiene pequeñas verdades”. Se presentó a los policías nacionales y guardias civiles como los ‘polis’ malos y violentos, herederos del régimen franquista, frente a la presencia pasiva y neutra, ‘hasta bondadosa’ de los Mossos, que no habían cumplido con la orden judicial. Los previamente ‘entrenados’ y ‘vigilantes’ adeptos del régimen nacionalista, asesorados por los fragmentos del guion recibidos vía Twitter y con la ‘oportuna’ retransmisión de TV3, de los medios del empresario Roures y otros, reenviaron esas imágenes.

En emblemática se convertiría la foto en que se rompe la puerta del colegio en el que tenía que votar Puigdemont, sin que él apareciera puesto que votó henchido de alegría en otro pueblo. Su épica se limitó a ir de su pueblo a otro en coche oficial. Otras fotos eran terribles, ancianos y niños como víctimas de la represión españolista, según los twitters, heredera de los aparatos franquistas. Pero lo que realmente causó furor fue el relato de una mujer que explicó con pelos y señales cómo los policías le habían roto uno por uno los dedos de una mano y habían abusado de ella sexualmente, algo que indignó a la alcaldesa Colau. Así como la imagen de un padre con su hijo a hombros frente a la policía. Todo un guion inspirado en la forma de propaganda de algunos grupos terroristas de Oriente Medio. Pero ni una sola imagen de cómo en un barrio de Sabadell (existe un vídeo de ello) una multitud violenta se enfrentaba a una veintena de policías nacionales que recularon sin lanzar una pelota de goma. Ni una imagen para la prensa internacional de gente votando varias veces y mostrando eufórica la señal del ‘sí’. Sólo se vendió y se compró el relato épico de la ‘represión antidemocrática’.

Por una u otra razón, tanto los que estaban dentro del ‘guion’ como aquellos que se enteraron vía redes o medios de comunicación criticaron la supuesta ‘desproporción’ de la intervención policial. Y tuvieron que pasar horas o días para que se deconstruyeran las imágenes, ya extendidas como la pólvora y reproducidas por la prensa internacional. La viejecita se había caído ella sola por las escaleras sin mediación de ningún policía; la foto del niño herido de bala correspondía a un ‘efecto colateral’ de una actuación de los Mossos en 2012; la chica a la que le habían roto los dedos le habían diagnosticado sólo una ‘capsulitis’. El herido de pelota de goma en un ojo había sido llevado por la propia Policía Nacional al hospital, etcétera.

En líneas generales, el guion se representó con eficacia. Y aquello que había obedecido a premeditación, montaje y cuidadosa planificación escénica ya no sólo formaba parte de los actores, sino de todos los lectores y espectadores que habían visto las imágenes a miles de kilómetros de distancia y a los que ya nadie iba a mostrar su falsedad. El corazón del relato se articuló en torno a estos deformados ideologemas: el mundo exterior se había dado cuenta de lo mucho que ‘sufrían’ los catalanes; la democracia española era heredera directa de la dictadura franquista, de ahí la violencia de las fuerzas policiales; había habido una violación de los derechos humanos… En conclusión, todo legitimaba el golpe de guante blanco perpetrado en vivo y en directo.

Por si no fuera suficiente, una huelga convocada días antes por sindicatos independentistas se convirtió en huelga general en contra de la represión, debidamente respaldada por el presidente de la Generalitat que, para colmo, prometió que no se descontaría la jornada a ningún funcionario. Iba a tener lugar un épico día de asueto en recompensa por la excelente representación del 1-O. Tal fue la manipulación en los centros de trabajo, sobre todo en aquellos vinculados al sector público de la Generalitat, que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT redactaron un comunicado en el que explícitamente decían que “las declaraciones del president Puigdemont en la noche del 1 de octubre no dejaron lugar a dudas de que la única estrategia política que contempla el Govern es la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Siendo esto así, UGT y CCOO decimos claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política”.

No constaba en el guion nacionalista que la asistencia a la manifestación del 8-O en Barcelona, convocada por Societat Civil Catalana y secundada por otras organizaciones civiles, desbordara las expectativas de asistencia más optimistas. La manifestación fue una catarsis colectiva que sirvió para liberar ansiedades y miedos, en ella se corearon vivas a España y vivas a Cataluña, y se lanzaron consignas como “España no nos roba, el dinero está en Andorra”, “Puigdemont a prisión”, “luego diréis que somos cinco o seis”. Bien podía tratarse del equivalente catalán a la manifestación de repulsa del asesinato de Miguel Ángel Blanco: un punto de inflexión, un empezar a darle la vuelta a la tortilla. No obstante, los medios de propaganda nacionalista se atuvieron al guion: TV3 se dedicó a grabar imágenes de calles casi vacías de manifestantes y los más radicales empezaron a lanzar por las redes las consignas al uso. Pero hubo más: quizás consignas u órdenes conocidas solo por los acólitos, quizás espontáneos más o menos organizados, quizás casualidad. En algunas paradas de taxi se concentraban tres o cuatro vehículos sin conductor y era hasta tal punto evidente que no querían trabajar –¿si no, por qué se encontraban en la calle y en las paradas que tienen asignadas?– que los usuarios nos preguntamos si es que no nos querían llevar y acabamos yéndonos a pie. Debió de tratarse de una sutileza de la ‘resistencia’ a quienes nos atrevimos a decir sí a la Constitución, sí al Estado de Derecho y sí a la democracia.

Llegados a este momento nadie sabe bien qué puede ocurrir. Y bien pudiera ser que comenzara una nueva etapa que, al menos por ahora, ni siquiera los propios dirigentes nacionalistas saben a dónde conducirá. ¿Modificación del guion? ¿Nuevo guion?


Leah Bonnín, doctora en Filología y escritora

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