Análisis En defensa de la Constitución ante el desafío independentista

Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho Administrativo. Director del Departamento del Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid

I
La acción independentista del Gobierno catalán y de las fuerzas políticas del Parlamento que le dan sustento, adoptando en los cuatro últimos años sucesivas medidas legislativas y ejecutivas encaminadas a lograr la proclamación de la República de Cataluña, ha desembocado –como era previsible que sucedería de no reaccionar con inmediatez– en una abierta negación de la Constitución y, por tanto, en una frontal desobediencia a las decisiones que en su defensa se han ido adoptando. Las autoridades catalanas, que no han dejado de diseñar y articular instrumentalmente su proyecto independentista a través de cauces jurídicos, utilizando para ello todas las estratagemas posibles, cuando han constatado definitivamente que no podía prosperar por oponerse radical y frontalmente a lo dispuesto por la vigente Constitución –como bien lo sabían, por lo demás–, han dado el paso siguiente de negar total y radicalmente la legitimidad del Estado para encaminarse directamente a la rebelión.

No otra es la situación en la que nos encontramos. Una situación presidida, además, entre otras características, por el tacticismo de ir midiendo ante cada actuación la energía reactiva del Estado y, a la vez, la propia capacidad de oposición al mismo. Y todo ello en un escenario presidido por el esfuerzo de las autoridades estatales en mantener exquisita “prudencia” en el manejo de las palabras y expresiones (recuérdese: “la mesura y proporcionalidad siempre presidirá las actuaciones necesarias para la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho”; o aquella de “no me obliguen a hacer lo que no quiero hacer”, entre unas cuantas más del mismo estilo), en un alarde de actitud “democrática” a fin de evitar –por ingenuo que sea el propósito– cualquier imputación de “autoritarismo”.

II
Conviene no pasar por alto la estrategia seguida a todo lo largo de este ya insufrible proceso que tiene por meta la independencia de Cataluña. Por de pronto, el llamado procès no es el resultado de un movimiento social organizado frente al poder, del que haya surgido la iniciativa y la acción de oposición a la Constitución, sino que es el poder constituido por obra de la misma –en suma, las autoridades catalanas desde el propio poder institucional que les ha sido conferido– quien ha pergeñado y puesto en práctica, recabando y fomentando seguidamente un apoyo social que ciertamente ha crecido. Técnicamente, pues, el procés se ha materializado como un “golpe de estado” –término éste, de todas formas, excesivamente abrupto y grueso para algún conspicuo analista político, que prefiere hablar por eso de “desbordamiento constitucional”; de nuevo, pues, la exquisitez lingüística– que, a falta del medio más tradicional y característico del golpismo, la fuerza armada, ha utilizado y se ha servido torticeramente del Derecho para llevarlo a cabo.

Sucesivas declaraciones del Parlament y la Generalitat, a las que han seguido formalmente distintas leyes hasta llegar a las dos últimas infaustas leyes de convocatoria del referéndum decisorio y de transitoriedad, han generado una judicialización absurda del asunto, dando pábulo a debates jurídicos que no dejan de sonrojar. Los políticos se han convertido en parte en juristas y, lo que es peor, algunos de éstos en políticos, viniendo a manipular el Derecho y a tratar de encubrir de manera pueril la realidad misma de la acción emprendida, un verdadero atentado al Estado constitucional y democrático de Derecho.

Pero lo que resulta verdaderamente llamativo y a la vez explica en gran medida la situación a la que hemos llegado, es que desde las instancias del Estado se ha respondido entrando en el mismo juego. Cuestiones que en estrictos términos jurídicos no admitían la más mínima discusión, que no necesitaban de mayores razones y argumentos por ser tan claros como taxativos, y que, por tanto, podían –y debían– ser zanjados sin complejidad alguna, adoptando seguidamente y sin dilación las correspondientes medidas reactivas, han sido embarulladas a fuerza precisamente de darles vueltas y más vueltas, de seguir insistiendo en las mismas, con el propósito de armarse de razones y de convencer, cuando, en realidad, quienes reiteradamente las planteaban sabían desde el primer momento que carecían de toda justificación y fundamento jurídico.

Innumerables han sido, en efecto, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional recordando, una y otra vez, la incompatibilidad con el marco constitucional de un pretendido “derecho a decidir”, o rechazando la viabilidad de una consulta o referéndum sobre nada más ni nada menos que la integridad territorial del Estado. E innumerables han sido también las admoniciones a las autoridades catalanas, sin que hayan tenido ninguna virtualidad. Hemos asistido, en definitiva, a un debate jurídico al que incomprensiblemente se le ha dado cancha y en el que, además, como suele suceder cuando se pierde la sobriedad en el razonamiento jurídico, han terminado por asomar algunas imprecisiones o ambigüedades que han servido para tergiversarlo y, a la vez, alimentarlo. Baste recordar el gran juego que ha dado la innecesaria afirmación de la STC 42/2014, de 25 de marzo, de que la referencia al “derecho a decidir” contenida en la Resolución del Parlamento de Cataluña de 23 de enero de 2013, por la que se aprobó la “declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, podía ser interpretada como una “aspiración política” –aunque se precisara seguidamente que a la misma “solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo, y legalidad”– para que, interpretada de ese modo, pudiera considerarse constitucional. Recuérdese, asimismo, que la STC 31/2015, de 25 de febrero, a pesar de declarar parcialmente inconstitucional la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, en el f.j. 6 no dejó de puntualizar que “la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico” y que “por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. Tampoco parece haber sido especialmente oportuna la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para, de una manera más efectista y aparente que efectiva en sus consecuencias prácticas –como los hechos han puesto de manifiesto–, atribuir al Tribunal Constitucional nuevas facultades para la garantía del cumplimiento de sus decisiones, pues prácticamente no ha servido para otra cosa que para generar una innecesaria controversia, incluso en su propio seno, acerca de la instrumentalización y politización del mismo. ¡Como si la auctoritas del Tribunal Constitucional no estuviese ya suficientemente dañada! O qué decir de la insólita comprensión –cuando no explícito apoyo– que algunos llamados juristas han mostrado hacia el reproche político de falta de legitimidad de la sentencia que declaró en parte inconstitucional el Estatuto catalán de 2006, argumentando que con ello se vino a torcer la “voluntad democrática del pueblo” que lo había refrendado y a desconocer un imaginario pacto entre el Estado y Cataluña, lo que explicaría y hasta justificaría la puesta en marcha del procès. Semejantes disparates jurídicos han estado acompañados, en fin, de diletantes polémicas sobre si, por ejemplo, procedía o no actuar contra las continuas manifestaciones y proclamas inequívocas de las autoridades separatistas en tanto que las mismas no se concretasen por escrito y con las correspondientes firmas, y algunas otras más que no es preciso ahora recordar.

En suma, durante meses y hasta años se ha mantenido absurdamente –y con una notable repercusión mediática, naturalmente– una controversia jurídica artificiosa, propia de leguleyos en el mejor de los casos, que a la postre no ha servido sino para crear confusión sobre la certeza y seguridad del Derecho. Lo que se debía haber resuelto de manera fulminante y lapidaria –porque la enjundia del asunto no daba para más y el propósito estaba claro–, procediendo, como es natural, a la adopción firme y segura de los medios previstos para hacer efectivo el cumplimiento sin más de lo decidido, al no haberse hecho, cortando de raíz pretensiones tales, ha servido para que el procès haya continuado avanzando, superando etapa tras etapa, hasta llegar a la situación en la que estamos. Tanto es así que ahora toca esperar a que se proclame solemnemente la independencia de Cataluña desde el Parlament y la Generalitat, con la apariencia de legítima decisión de los representantes del pueblo catalán, a lo que el Gobierno de España tendrá que responder haciendo ya, tal vez, algo más que acudir al Tribunal Constitucional para que éste suspenda dicha declaración y formule una nueva admonición. De manera que, en función de la energía de la respuesta, es posible, incluso probable, que el procés continúe, alargándose con ello una tensión social que sólo al golpismo beneficia.

III
Estamos asistiendo, pues, a un esperpento jurídico que, si no fuera por la gravedad que encierra para el Estado de Derecho, no merecería la más mínima atención. Pero la referida estrategia, al no haber tenido respuesta adecuada en forma y tiempo, ha logrado que cale, como si de una gota malaya se tratase, la idea de que al reto planteado a la Constitución y, en última instancia, al pueblo español, debe dársele una solución política presidida por el diálogo y la negociación. No faltan voces insistentes en esta dirección y no sólo en la política, sino entre los propios juristas, por sorprendente que sea. Voces que dicen que es momento para la política y no para los jueces y tribunales, pues, con la aplicación del Código Penal y demás leyes vigentes, con la Constitución a la cabeza, no se resolverá el problema. Voces que afirman que es preciso mucho más, que es imprescindible el diálogo y el pacto para dar respuesta y superar una confrontación en la que, además, no conviene que haya vencedores ni vencidos. Y, como colofón, guárdese quien no lo entienda así, porque como poco estará falto de sensibilidad democrática.

Pues bien, quizá estén en lo cierto quienes defienden esa línea de actuación. Pero las consideraciones de un jurista que cree en su oficio y función y, por tanto, en el valor y razón de ser del Derecho, difícilmente pueden alinearse con tales opiniones y posiciones políticas. Al punto al que se ha llegado, lo que está en juego es mucho más que la integridad territorial del Estado que sanciona la vigente Constitución –una integridad, por cierto, que se mantendrá dado que no hay duda de que el pueblo español, todo él en su conjunto, así lo quiere–; lo que está en juego, y en peligro cierto, es sencillamente, nada más ni nada menos, que el mantenimiento mismo del Estado constitucional de Derecho, con tanto esfuerzo puesto en pie.

Que a estas alturas del procès separatista, sigan siendo autoridades autonómicas catalanas –que a la vez lo son del Estado, no se olvide– quienes lo han ideado y puesto en práctica, resulta en verdad insólito. Un sarcasmo ciertamente antológico, difícilmente igualable. Que se hayan pretendido retirar urnas sin previamente retirar de sus funciones a quienes decidieron y ordenaron ponerlas, o que se haya pretendido que los que las retirasen fueran quienes a la vez seguían y siguen recibiendo sus órdenes, o, en fin, que éstos mismos sigan anunciando que mañana, pasado o cuando más convenga proclamarán la República de Cataluña o el nuevo Estat Catalá, y que entre tanto el Estado siga cultivando la prudencia y mesura de advertir que eso no conviene ni se debe hacer porque es ilegal e inconstitucional y que, por tanto, la sensatez debe retornar para con ello evitar males mayores, será, tal vez, lo que la política demanda. No, desde luego, lo que el Derecho reclama.

Hasta la fecha no he abdicado de mi condición de jurista. Vengo desde hace ya muchos años explicando Derecho a mis alumnos universitarios y siempre he tratado de inculcarles, como es natural, el valor y el respeto que merece la Constitución y la ley, así como la rigurosidad que también debe presidir su observancia y cumplimiento, sin complejos de ningún tipo en exigirlo y hacerlo efectivo. Mañana perseveraré en el empeño, con la esperanza de seguir asistido de la convicción necesaria para hacerlo, porque sin convicción en lo que se dice y hace, la farsa resulta inevitable. En otro caso, mejor será reconocer la realidad y no participar por más tiempo del engaño. Confío no tenga que ser así.


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