Análisis Reforma electoral italiana: ni representación ni gobernabilidad

Gianfranco Pasquino es profesor Emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bolonia

Encajado el golpe de la declaración de inconstitucionalidad de algunas partes, para nada marginales, de la ley electoral incautamente denominada Italicum, los dirigentes del Partito Democratico han explorado vías, en realidad no muy diferentes, para formular una nueva ley electoral. No pretendo repasar esta fea telenovela, sino solamente destacar los hitos esenciales. La aproximación actual, para la que rechazo recurrir al latín macarrónico, es un texto firmado por el jefe parlamentario del PD en la Cámara de Diputados, Ettore Rosato. Dos tercios de los parlamentarios serán elegidos con método proporcional en listas cortas, de no más de cuatro candidaturas, y un tercio en colegios uninominales. Sin embargo, los electores no tendrán dos votos, sino solo uno. Por tanto, no podrán elegir al candidato que prefieran en el colegio uninominal y la lista de otro partido en la parte proporcional, tal y como es posible –y se practica ampliamente– con la ley proporcional vigente en Alemania. Las listas proporcionales están bloqueadas, es decir, que el elector no tiene ninguna posibilidad de elección, por lo que los candidatos serán elegidos según el orden decidido por los jefes de los partidos y, en cualquier caso, seguro que en el PD por los jefes de las corrientes. Ya se habla de las cuotas atribuidas a los orlandiani (elegidos por el ministro de Justicia Andrea Orlandi) y de los franceschianiani (elegidos por el ministro de Bienes Culturales Dario Franceschini). Como son posibles las pluricandidaturas, hasta cinco, los jefes de los partidos y de las corrientes, empezando por Alfano (líder de Alleanza Popolare) están prácticamente seguros de su reelección.

Según algunos, en particular –obviamente– su señoría Rosato pero también su señoría Fiano, relator de la ley precedente –después tumbada–, esta ley electoral, que no existe en ningún lugar del mundo, garantizaría la gobernabilidad. No está nada claro por qué lo haría ni lo que sea la gobernabilidad para los que la defienden, a menos que se refieran a la fabricación de una mayoría amplia que sostenga a un gobierno. Todo esto, sin embargo, dependerá de la formación de coaliciones, difícilmente antes de la votación, inevitablemente después, en el Parlamento, que es lo que sucede en todas las democracias parlamentarias, aunque esto ha sido durante largo tiempo demonizado como “apaño”, “consociación”, Gran Coalición, agitando incluso, con pleno despropósito, el resultado trágico de Weimar (1919-1933).

En las democracias parlamentarias la gobernabilidad depende y deriva de una buena representación parlamentaria de las preferencias y de los intereses, de las expectativas y de los ideales de los electores. Estable y eficaz será aquel gobierno producido por partidos y por parlamentarios que representen efectivamente a sus electorados. Con la ley Rosato los electores no tendrán ninguna posibilidad de elegir a sus parlamentarios, los cuales, a su vez, no tendrán ningún interés en relacionarse con electores que no los han votado y de los cuales no depende su reelección, en manos de los dirigentes del partido que los han situado a la cabeza de las listas o bien en colegios uninominales “seguros”. Después, lo sabemos porque lo hemos visto, cuando el viento cambie, estos parlamentarios irán a la busca de partidos y de dirigentes que puedan hacerlos candidatos de nuevo. Más de 350 parlamentarios han cambiado de grupo y partido desde 2013 hasta la fecha.

Algunos constitucionalistas sostienen que la ley Rosato también contiene muchos elementos de inconstitucionalidad. Es posible, pero la Corte Constitucional podrá intervenir solo con la ley aprobada y quizá ya aplicada, con un nuevo Parlamento en existencia, que sería rápidamente deslegitimado. Alguno se ha apresurado a escribir que esta ley es inmoral. Se puede sostener que contiene elementos “obscenos”, pero este juicio me parece estéril y, naturalmente, no incidirá en la opinión de los parlamentarios que van a aprobarla. Creo que una ley electoral que da a los partidos y a sus dirigentes más poder que a los ciudadanos-electores es equivocada y, puesto que democracia significa “poder del pueblo”, muy poco democrática. Dará mala e inadecuada representación política y no contribuirá de hecho a la gobernabilidad.

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