Análisis Bolivia: el derecho humano a la reelección indefinida, el parto de una tiranía

Carlos Tadeo Ribera Parra es abogado boliviano


La ausencia de un ‘Proyecto País’ alterno, así como un crecimiento sostenido de alrededor 4,5% derivado de los precios altos de las commodities, han facilitado que Evo Morales conserve la silla presidencial de Bolivia, siendo victorioso en tres elecciones generales (2005, 2009 y 2014) y en un referéndum para la revocatoria de su cargo el año 2008.

Dichas victorias electorales llegarían a su fin el 21 de febrero de 2016, momento histórico donde el líder de izquierda populista es derrotado en una consulta popular que apuntaba a modificar la Constitución que el mismo impulsó y aprobó en 2009. La motivación de la misma se limitaba a asegurar su candidatura a los comicios de 2019, mediante la modificación del artículo 168, planteándose la posibilidad de ser reelegido como presidente por dos ocasiones de manera continua.

Los resultados, una vez hechos oficiales por el Órgano Electoral, han sido desconocidos bajo el argumento de una campaña electoral sucia derivada de la revelación de un caso de corrupción y uso indebido de influencias entre Morales y su expareja Gabriela Zapata Montaño, antigua gerente comercial de la multinacional china CAMC Engineering Co. LTD. Esto, sumado al reducido margen de diferencia en la victoria del ‘NO’ (51%) frente al ‘SI’ (49%) a la reforma constitucional, han servido de pretextos antidemocráticos para desconocer el carácter vinculante de los resultados, que tras una serie de intentos por habilitar al mandatario como candidato en 2019, derivaron en la declaración como “derecho humano” a la reelección indefinida.

La declaración de la libertad de postularse como candidato una y otra vez como derecho inherente a la condición humana ha pasado de una forzada intención por reformar la norma suprema a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia 0084/2017. La misma declara inconstitucional disposiciones pertenecientes a la norma fundamental acogiéndose a instrumentos propios del Derecho Internacional, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, y a jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia, al ser estos últimos de aplicación preferente con relación a la norma suprema cuando establecen una mayor protección.

El intento por parte del gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS) por separar lo que fue la cuasi reforma constitucional del pronunciamiento del Tribunal Constitucional boliviano, al tratarse uno de la modificación de un artículo constitucional y el otro del reconocimiento de un derecho, carece de toda solidez. Las correspondientes motivaciones y justificaciones a los proyectos de ley de Reforma Parcial a la Constitución y de Convocatoria a Referéndum Constitucional Abrogatorio se limitaban a recalcar el crecimiento económico y las políticas sociales llevadas adelante por Morales a lo largo de una década. Por lo cual es evidente que todo es parte de una estrategia para intentar conservar al líder populista en el ejercicio del poder.

No obstante, el rechazo a las intenciones de Morales de presentarse como candidato a la presidencia de Bolivia una vez más se ha hecho sentir de manera continua por parte de partidos políticos opositores, movimientos ciudadanos y sectores sociales, aunque la falta de contundencia ha provocado que el aparato gubernamental descalifique la legitimidad de las movilizaciones en respeto del 21F y que de manera reiterada justifique el uso de la fuerza. De esa violencia se han visto afectados universitarios, profesionales, movimientos sociales, miembros de la Asamblea General de Derechos Humanos y simplemente ciudadanos que congregados en las calles protestan continuamente por el respeto de su voto: derecho e instrumento básico y elemental para la conservación de una democracia moderna.

En este sentido, como acción para detener la postulación de Morales, la Organización de Estados Americanos, por medio de su Secretario General, Luis Almagro, ha manifestado cuestionamiento a sus intenciones. El último gran pronunciamiento fue en abril de 2018, en el que Almagro anunció el envío del Informe de 16 y 17 de marzo de 2018 elaborado por la ‘Comisión Europea  para la Democracia a través del Derecho’, mejor conocida como Comisión de Venecia, a la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dicho informe, de carácter general, se centra en el análisis de los límites a la reelección de presidentes, concluyendo entre otros argumentos que la reelección presidencial presenta límites en las disposiciones constitucionales referidas a la institución de la Presidencia y no en las declaraciones de derechos. En síntesis, el límite a la repostulación y reelección de Evo Morales el siguiente año se habría reafirmado por el pueblo el 21F no modificándose la Constitución Política del Estado, y no en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el gobierno ha calificado las acciones emprendidas por la OEA como una forma de intervencionismo sin que exista coherencia política, por cuanto Bolivia acude a esta organización y cita múltiples de sus decisiones al momento de solucionar su diferendo marítimo con la República de Chile. Y es ante esto que se espera un pronto pronunciamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, de forma vinculante, ponga fin al parto de una tiranía y que a la vez pueda contribuir a la salud democrática de una región que todavía adolece los efectos del populismo y conductas antidemocráticas similares en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

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