Análisis Google y la competencia digital

Miguel Marín es economista y consultor


La Comisión Europea acaba de imponer una sanción histórica a Alphabet, la matriz de Google, por presunta limitación de la competencia en la gestión que hace Android, el sistema operativo de libre acceso y configuración que el propio Google puso en el mercado, así como de un par de aplicaciones, elaboradas por el gigante tecnológico americano, que este “recomienda” usar al ceder gratuitamente la licencia de Android.

Por supuesto, no se trata de cuestionar en este artículo los fundamentos jurídicos de la decisión, que seguro que los tiene y están muy bien aquilatados. No creo que nadie cuestione el principio fundamental de cualquier Estado de derecho por el cual si alguien incumple una norma debe pagar por ello. Sin embargo, sí que puede ser interesante plantearnos si las normas de competencia que rigen las decisiones de la Comisión Europea y de los organismos reguladores a nivel nacional en el ámbito digital responden adecuadamente al fin último de toda política de competencia, que no es otro que eliminar fallos de mercado en beneficio de la maximización de las preferencias de los consumidores. Dicho de otro modo, si tiene sentido evaluar el comportamiento competitivo de las grandes plataformas tecnológicas bajo los parámetros de una política de competencia diseñada en el siglo XX.

Nadie duda a estas alturas que la revolución digital está suponiendo una transformación profunda de las estructuras de mercado que estudiamos en la Universidad. Las nuevas facilidades digitales han permitido la aparición de nuevas formas de mercado en las que consumidor y productor se confunden, en las que el poder de mercado de los consumidores aumenta significativamente por las mayores posibilidades de centralización de la demanda; estructuras de mercado en las que se alteran los equilibrios y los óptimos tradicionales, en las que aparecen nuevas fuentes de economías de escala, nuevas dimensiones óptimas empresariales que son las que maximizan las preferencias y el bienestar de los consumidores; por cierto, el grupo más numeroso de personas de cuantos puedan formarse en España y en cualquier país desarrollado.

La revolución digital es tan profunda, en cuanto a su poder transformador de conductas y estrategias empresariales, y avanza a una velocidad tan vertiginosa, que se hace difícil acompasar la regulación a los cambios que se están operando. No obstante, es posible detectar algunas tendencias en las dinámicas competitivas que se empiezan a consolidar y que seguramente deberían ser tenidas en consideración a la hora de evaluar el comportamiento competitivo de las grandes empresas tecnológicas. Quizás la más evidente sea la que podríamos llamar la competencia dinámica o potencial, es decir, la mayor vulnerabilidad en el ámbito digital de las tradicionales posiciones dominantes. Ejemplos ilustrativos de esta realidad no faltan. Yahoo, Nokia, Kodak o MySpace, empresas tecnológicas de vanguardia que hace poco tiempo llegaron a ostentar posiciones cuasi monopólicas en sus respectivos mercados y que las perdieron súbitamente arrastradas por el tsunami de innovación que implica la revolución en marcha. Afortunadamente, en el mundo digital, nadie está a salvo de que mañana mismo aparezca un nuevo algoritmo matemático que deje obsoleto tu motor de búsquedas, tus aplicaciones o tu capacidad de desarrollo de las mismas.

En un mundo con decenas de miles de ingenieros a la búsqueda de esa fórmula, las posiciones dominantes de las empresas se muestran necesariamente más vulnerables, lo que condiciona las estrategias de crecimiento. Este es uno de los motivos que explican las estrategias agresivas de las grandes empresas tecnológicas tratando de conquistar nuevos mercados tradicionales (seguros, productos financieros, utilities, etc.) aprovechando la confianza que tienen depositada los consumidores en ellas o abriendo nuevos mercados en los que poder alcanzar también una posición dominante por efímera que esta sea.

En este camino, las empresas tecnológicas están generando tensiones competitivas en muchos mercados que deben ser consideradas como positivas, puesto que afectan a los precios y a la variedad de bienes y servicios a disposición de los consumidores. El ejemplo de Google y su modelo de gestión de cesión gratuita de Android es muy ilustrativo. Este modelo redujo drásticamente el coste de entrada para fabricantes y operadores de telefonía móvil que trataban de sacar al mercado dispositivos Android. Hoy en día, hay alrededor de 1.300 marcas de dispositivos Android, existiendo una gama cada vez más amplia y para todos los bolsillos, con teléfonos que oscilan entre los más económicos, a 45 euros, y los modelos prémium, a más de 750 euros. El modelo de Android también ha permitido a 1,6 millones de desarrolladores de aplicaciones con base en Europa ofrecer sus productos y servicios a un mercado global, a través de los 2.000 millones de dispositivos Android compatibles que están en uso actualmente; algo que, por cierto, la decisión de la Comisión Europea pondría en riesgo castigando las cláusulas de compatibilidad que exige Google en sus contratos de cesión de licencia.

Esto significaría menos innovación, menos opciones y menos competencia. Algo que no perjudica sólo a Google. Sería una situación indeseada para los desarrolladores, que se enfrentarían a una mayor fragmentación, encontrarían barreras para llegar a los consumidores y sufrirían una pérdida de economía de escala; para los fabricantes de teléfonos y operadores, que verían sus costes aumentados; y, lo más preocupante, para los consumidores, que verían menos competencia, menos innovación y precios más altos.

El mundo digital está generando nuevas formas de competir y quizás fuera inteligente tomar en consideración el impacto de las empresas tecnológicas en la competencia sistémica de la economía. Nadie puede negar la posición de dominio que ostenta Google en el mundo tecnológico. Una posición que, bien es cierto, la ha logrado ganándose la confianza de los consumidores de sus productos. Tampoco es fácil negar que la presencia de Google en los mercados está suponiendo una transformación de las dinámicas competitivas y de innovación que, salvo que yo esté equivocado, no están causando mal alguno a los consumidores. De hecho, cuesta creer que los consumidores europeos se sientan agredidos porque una empresa les regale un sistema operativo en código abierto y les recomiende dos aplicaciones de las 64 millones que se descargaron en 2017 en Europa, algo que, por cierto, han incorporado todos los sistemas operativos nuevos que han ido surgiendo.

Tratar de cabalgar la revolución digital con los instrumentos y los fundamentos regulatorios del siglo XX es un gran error. No sólo por el daño injustificado que se puede causar a determinados proyectos empresariales, sino por la gran cantidad de oportunidades de mejorar el bienestar de los ciudadanos que podemos perder. Es difícil entender el ensañamiento político reciente contra las grandes compañías tecnológicas, sobre todo si, como todo apunta, se pretende que se conviertan en una fuente de financiación complementaria a nuestros maltrechos sistemas de bienestar. Más nos valdría cambiar el enfoque y buscar uno algo más cooperativo que el grotesco saqueo de las cuentas de resultados de empresas que lideran la innovación global y la revolución digital. No vaya a ser que acabemos secando a la vaca lechera.

O a lo mejor, todo esto no es más que una demostración de fuerza de la Comisión Europea enviando un mensaje a Trump sobre la capacidad real de Europa de hacer daño a las empresas estadounidenses en respuesta al proteccionismo de nuevo cuño del presidente norteamericano. Tengamos entonces claro que este tipo de golpes siempre se acaban dando en la cara de los consumidores propios. Por cierto, por si alguien duda de mi imparcialidad, soy un abducido por el mundo Apple.

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