Análisis Jimmy Morales y la CICIG: Una breve reflexión sobre la situación en Guatemala

Eduardo Fernández Luiña es analista de Relaciones Internacionales


La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido desde sus orígenes, allá por el 2007, un organismo polémico, capaz de despertar el interés investigador de especialistas en la lucha contra la corrupción fuera y dentro del citado país centroamericano.

El pasado 1 de septiembre, el presidente Jimmy Morales señaló en un comunicado problemático y plagado de incertidumbres que la CICIG finalizaría su mandato en el año 2019. Todo porque el Estado de Guatemala ya no desea prorrogar su misión en el país durante dos años más. A día de hoy y si todo sigue igual, la CICIG finalizará su mandato después de diez años de bagaje y cinco prórrogas. Todas solicitadas, como señala el documento que da origen al organismo, por el Gobierno de Guatemala.

La decisión de Morales disfruta de validez jurídica. Obviamente, parece lógico que el presidente, la cabeza del poder ejecutivo de un Estado, pueda romper cuando considere necesario y con base en el acuerdo firmado un compromiso de naturaleza internacional. En política internacional parece evidente que el opting out es (y debe seguir siendo) una opción. Sin embargo, en términos políticos la situación es muy diferente. El rechazo público a la figura del Comisionado por parte del poder ejecutivo, las amenazas en relación a la renovación de su visa de trabajo y la negativa a facilitar su entrada en el país –el Comisionado Iván Velásquez ha viajado a los Estados Unidos– arguyendo razones de orden y seguridad pública han enrarecido terriblemente el ambiente político que existe en el país, polarizando a la sociedad de manera peligrosa.

La CICIG ha sido duramente criticada por los opositores que la organización posee tanto en el interior como en el exterior de Guatemala. En América Latina existen infinidad de actores individuales y colectivos dedicados a rechazar a este tipo de organizaciones ‘híbridas’. Los Estados de la región no desean instituciones fuertes, con músculo político y que disfruten de financiación exógena al sistema político que pretenden ayudar. Sin embargo, podemos advertir tres tipos de críticos. Aquellos que académica y técnicamente reprueban el desempeño de la CICIG. Otros que, sencillamente y resultado de un nacionalismo burdo y poco reflexivo, deslegitiman la tarea que este organismo internacional –no guatemalteco– ha desempeñado durante sus años de vida. Y por último, algunas de las víctimas de la CICIG. Existen individuos que están sufriendo penas injustas –muchas veces superiores al delito del que se les acusa– resultado de un abuso obsceno de la figura de la prisión preventiva.

Es evidente que la CICIG no es perfecta. Es obvio que en el diseño de la institución –como en el de cualquier otra organización– existen incentivos perversos. La CICIG es una organización creada para desaparecer en caso de lograr su misión. Por tanto, muchos suponen –con mucha razón, porque esto podría llegar a suceder– que, con objetivo de sobrevivir, la más interesada en no cumplir con su misión sea la propia organización. Básicamente, su cometido es el de capacitar a las autoridades guatemaltecas –Ministerio Público y Organismo Judicial– en la lucha contra la impunidad y la corrupción. ¿Ha logrado su objetivo después de diez años? Claramente no. ¿Lo podría lograr en un futuro cercano? Parece difícil.

Y todo lo anterior porque el Estado guatemalteco ha estado controlado durante décadas por una serie de élites extractivas que han parasitado a la nación, favoreciendo el enriquecimiento ilícito y la concentración y centralización de poder de determinados actores. En la Guatemala actual está teniendo lugar una batalla política sin igual en su historia y ambos bandos están tensando la cuerda y polarizando con ello a la sociedad.

La última noticia es la resolución aprobada por la Junta Directiva del Congreso, que limita (a criterio por supuesto de la Junta) el acceso a la información que emana y es gestionada desde la cámara legislativa. Una medida opaca y contra la transparencia que debería preocupar profundamente a la sociedad civil guatemalteca.

La CICIG generaba el músculo político que las entidades nacionales dedicadas a luchar contra la corrupción no poseían. Y lo anterior es bastante difícil de transferir. La política, nuevamente, importa más aquí que el estricto procedimiento jurídico.

Obviamente, en un Estado de derecho se debe suponer la presunción de inocencia. No estamos afirmando que todos los reclusos resultado de la labor de la CICIG sean culpables, pues lo anterior –emitir una sentencia– es tarea de los jueces. Pero debemos reconocer que, sin duda, a día de hoy los más beneficiados con el final del mandato de la CICIG son las personas que están en prisión. Esas personas que buscan que sus casos no avancen, entre ellos la exvicepresidenta de la República y el expresidente. Esas que se encuentran esperando, durmientes, siendo conscientes de que si la CICIG se va tendrán una oportunidad.

La CICIG tuvo el valor (y al mismo tiempo la imprudencia) de pelearse con todos. Se peleó con el poder ejecutivo, combatió al poder legislativo y al sistema de partidos, pugnó con la estructura empresarial del país… Todo lo anterior le hizo ganarse innumerables enemigos, entre los cuales se encontraba el propio presidente de la República, Jimmy Morales.

Defender la existencia de la CICIG no es estar al margen, siendo consciente de los errores que esta posee en su diseño. Soy consecuente y tengo claro que la CICIG ha presionado a las autoridades judiciales para que determinados individuos estén en la cárcel sin las debidas pruebas de la comisión de un delito. También, en otras situaciones, la organización ha influido con objeto de mantener en prisión a individuos por delitos de baja cuantía y de menor relevancia política. De seguir vigente la CICIG, sería imperativo corregir esta situación lo antes posible. No se puede incurrir en el error, las malas prácticas que eran el día a día de la política guatemalteca. Antes de la CICIG, en Guatemala ya se abusaba de la prisión preventiva. Eso, desafortunadamente, no ha cambiado con la llegada de la Comisión y debería cambiar.

Pero nadie puede negar que la Comisión ha contribuido a la división de poderes en el país. Nadie puede negar que los que andaban impunemente ahora se lo piensan dos veces. Nadie puede negar que, sin lugar a dudas, la mayor explosión de la sociedad civil que ha visto el país tuvo lugar como resultado de la acción de la CICIG. Esa que llevo a prisión a la vicepresidenta Roxana Baldetti y en septiembre de 2015 al propio presidente Otto Pérez Molina. La CICIG ayudó a dividir el poder aportando un músculo político a un Ministerio Público y un Organismo Judicial desposeídos y sometidos al poder político. Y ha sido capaz de lo anterior porque la CICIG es precisamente un organismo exógeno al sistema. Un órgano que no depende (ni en lo financiero ni en la gestión) de la arquitectura general del Estado guatemalteco.

Esto último, es aquello que los más críticos con la CICIG no quieren reconocer. La política importa. ¿Puede el sistema guatemalteco sanearse por sí mismo? Parece difícil cuando los actores que protagonizan la política de ese apasionante país se encuentran muchos de ellos contra las cuerdas. Algunos, impregnados y salpicados por casos de corrupción que desean esconder. Otros, porque sencillamente tienen miedo a desaparecer, a ser marginados por el sistema y a no tener futuro. La situación es complicada y es aquí donde más que finalizar el mandato, dificultando con ello la relación con las Naciones Unidas, lo más conveniente –de reinar el sentido común– sería renegociar el acuerdo. En dicha renegociación primarían la consecución de objetivos concretos, pues lo que se busca es la capacitación de las autoridades locales para que estas puedan hacer frente como es debido a los problemas asociados a la corrupción, al crimen organizado y a la impunidad en el país.

Por otro lado y debido a la polarización generada, parece necesario finalizar el mandato del actual Comisionado si lo que buscamos es retomar la tranquilidad y la crítica constructiva en ambos polos. Importa la institución, no la persona. Se debe apostar por un perfil que no disguste ni a unos ni a otros. Si algo ha dejado claro la CICIG es que el liderazgo impreso por el Comisionado es de gran relevancia a la hora de determinar el éxito o fracaso de la institución y la legitimidad que esta posee frente a la ciudadanía. Definitivamente, tanto el cambio en la dirección como una redefinición del mandato parecen condiciones sine qua non para la continuidad de la CICIG en el país.

Pero todo lo anterior no puede nublar nuestra vista. La existencia de entidades exógenas autorizadas por las autoridades locales puede contribuir a mejorar la calidad institucional de un determinado país. Puede ayudar en la lucha contra la corrupción y sin lugar a dudas ayudar a edificar una mejor democracia en Guatemala y en aquellos países que poseen baja calidad institucional. Es un recurso positivo que debería ser apoyado con naturalidad.

Ni la explosión de la sociedad civil ni los casos de alto impacto como ‘La Línea’ o el caso ‘cooptación del Estado’ hubiesen salido a la luz de no existir CICIG. Por ello, porque al ponerlo en una balanza son más numerosos los resultados positivos que negativos, parece de sentido común apostar por una prórroga más hasta el año 2021.

La CICIG es un organismo vigía, una institución ajena al sistema que en cierto sentido contribuye a su ordenamiento. Los problemas de diseño que la misma posee no pueden contribuir a su destrucción sino a su transformación. Solo así, construyendo, transformando y no destruyendo, podrá el Estado guatemalteco suavizar la imagen autoritaria que el pasado 1 de septiembre envió al mundo. Oliver Burkeman escribió una vez en The Guardian que los “moderados son los tipos realmente duros”. Si queremos reducir la polarización existente en el país y contribuir a una mejora de la democracia guatemalteca, debemos ser capaces de reconocer las fortalezas y debilidades que subyacen en ambos polos del espectro político. Los críticos de la CICIG tienen parte de razón, también sus defensores. Por ello, si lo que buscamos realmente es luchar contra la impunidad y vencer a la corrupción, necesitamos edificar puentes que callen, gracias a la obtención de resultados empíricos, parcialmente a unos y a otros. Ese será el reto, si le dan la oportunidad, de la nueva CICIG.

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