ANÁLISIS FAESSistema de pensiones y natalismo, por Francisco J. Contreras

Nuestro sistema público de pensiones es insostenible, al menos, con las edades de jubilación y los niveles de prestación actuales, por razones demográficas. Alejandro Macarrón –el mejor especialista español en invierno demográfico– ha calculado, basándose en datos oficiales del Resumen de Ejecución del Presupuesto del Sistema de la Seguridad Social, que el gasto total en pensiones (incluyendo las de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad) pasó de 80.372 millones de euros en 2007 a 115.454 millones en 2014: un incremento del 43% en sólo siete años (el PIB de España a precios corrientes, en cambio, decreció un 2.1% en ese septenato)[1].

El gasto en pensiones pasó de representar un 7.5% del PIB en 2007 a un 10.9% en 2014. Esa progresión ascendente se mantendrá en años venideros, alimentada fatalmente por nuestros desastrosos índices demográficos. La natalidad española se estancó desde principios de los 80 en torno a los 1,3 hijos/mujer (casi un 40% por debajo del índice de reemplazo generacional, que es 2,1) con ligeras oscilaciones de una o dos décimas arriba o abajo. En los próximos 25 años nos iremos jubilando los baby boomers, los nacidos entre 1950 y 1975. Y somos muchos: las mujeres españolas tenían entonces una media de casi tres hijos; en los 60, se producían cada año en España entre 650.000 y 700.000 nacimientos; en 2013, con una población mucho mayor, el número fue de 425.390. Además, pocos tenemos la gentileza de morir jóvenes: somos un país longevo, y la esperanza media de vida sigue subiendo. Las nutridas promociones de 1950-75 van a tener que ser sostenidas en su jubilación por las escuálidas cohortes de los nacidos a partir de 1980De mantenerse el nivel de prestaciones actual, el peso de las cotizaciones sociales será aplastante para la economía. Conjeturo un horizonte mixto: aplazamiento de la edad de jubilación (pero ¿lo permitiremos unos baby boomers que hemos sido imbuidos de la idea socialdemócrata de los “derechos sociales” y el Estado omnipotente y benefactor?), reducción de la cuantía de las pensiones hasta niveles de mera subsistencia… y, pese a todo, declive económico por el excesivo peso de las cotizaciones (y/o de la presión fiscal ordinaria, si las pensiones pasan a ser financiadas con impuestos).

Son pensables tres recetas frente a esta situación de catástrofe anunciada. La primera sería la “solución” socialista: mantener el modelo de reparto y mejorar la financiación mediante el incremento de las cotizaciones o la creación de nuevas figuras impositivas. Así, el PSOE proponía en su programa para las pasadas elecciones incrementar la base máxima de cotización (o sea: la típica demagogia de “exprimir un poco más a los ricos”); Podemos propone directamente suprimirla, y también equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Estas propuestas dispararían el peso de las cotizaciones a niveles confiscatorios, desincentivando el trabajo e imposibilitando la creación de empleo.

La segunda sería la receta ultraliberal: paso del sistema de reparto a un sistema de capitalización “a la chilena” (básicamente, planes de pensiones privados, eventualmente completados por prestaciones públicas, en caso necesario). El sistema de capitalización es sin duda más razonable que el de reparto, y sería el que habría que elegir si pudiéramos volver al punto de partida retrasando el reloj histórico en un siglo. Pero el paso de uno a otro no es factible más que en una transición gradual de varias décadas, pues, si se salta abruptamente del sistema público al privado, resultan estafadas y quedan sin cobertura varias generaciones de trabajadores a las que el Estado quitó parte de sus ingresos con la promesa de que se las devolvería en su momento en forma de pensiones y que no ahorraron porque confiaron en esa promesa.

Queda la que podríamos llamar “solución conservadora”: sin perjuicio de que se incentive en lo posible el ahorro privado y se inicie una gradual transición hacia el sistema de capitalización, ¿por qué no intentar solucionar la causa demográfica de la crisis de las pensiones, a saber, la bajísima natalidad?

Pero esta estrategia, que es la que dictaría el sentido común, no es defendida por prácticamente nadie en España. El Partido Popular, a pesar de una mayoría absoluta difícilmente repetible, no ha promovido medidas natalistas de calado. La izquierda es todavía peor: el muy progresista gobierno de la Comunidad Valenciana ha derogado en julio de 2016 la Ley de Protección a la Maternidad, en vigor desde 2009, que ofrecía ayuda económica a las embarazadas en apuros.

¿Por qué es tabú ser natalista en España? Es una cuestión compleja de la que me he ocupado más extensamente en otros lugares[2]. El feminismo radical rechaza cualquier política natalista porque concibe la maternidad como servidumbre de la mujer, rebajada a las tareas reproductivas por una sociedad patriarcal. Los ecologistas miran con simpatía la infranatalidad porque les preocupa más el equilibrio de los ecosistemas que la supervivencia de las naciones (el hombre, como se sabe, es el cáncer del planeta). La izquierda hace suyas las sensibilidades feminista y ecologista; tiene, además, un (ridículo) motivo histórico para rechazar las medidas natalistas: asocia natalismo con franquismo (por esa regla de tres, habría también que dejar de construir pantanos).

El liberalismo an-cap (anarco-capitalista)/libertario rechaza la promoción de la natalidad porque implica violación del dogma de la no intromisión pública en las cuestiones de vida privada y de la neutralidad estatal entre los diversos estilos de vida (todos los modelos familiares –incluyan hijos o no– son igualmente respetables, mientras no supongan vulneración de los derechos de otros). Algunos liberales fundamentalistas consideran también que el libre mercado y la reducción del tamaño del Estado solucionarían mágicamente el problema demográfico, como todos los demás. Esto último no es cierto: países como Hong-Kong o Singapur, campeones de la privatización y la libertad económica, padecen sin embargo índices de natalidad aterradores, peores incluso que los de España.

En realidad, la promoción de la natalidad –junto al fortalecimiento de la familia de hombre y mujer, ecosistema ideal para la procreación y educación de los niños– sería una de las banderas naturales de una derecha liberal-conservadora consistente, intelectualmente asertiva, con una concepción del mundo propia, dispuesta a disputarle la hegemonía ideológica a la izquierda. Una derecha que, reconociendo la eficacia del libre mercado y la necesidad de una reducción del peso del Estado y de la presión fiscal, apoye sin embargo la intervención pública, promocional, no coactiva, en cuestiones decisivas para la supervivencia nacional, como la demografía. Seguiremos esperándola. Aunque ya tarda tanto como Godot.


Francisco Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla


[1] Datos incluidos en la segunda edición ampliada de su obra El suicidio demográfico de España, que se publicará en los próximos meses, y que he podido consultar por deferencia del autor.

[2] Francisco J. Contreras, “Cómo se extinguió España”, en Razón Española, nº 188, Noviembre-Diciembre 2014. También en “El invierno demográfico europeo”, incluido en F.J. Contreras, Liberalismo, catolicismo y ley natural, Encuentro, Madrid, 2013, cap. 2.