El barco y la tripulación

Con el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones ya publicado en el BOE, queda formalizado el fracaso de esta legislatura efímera. Las elecciones no son un ejercicio colectivo de demoscopia sino el procedimiento para generar un gobierno sustentado en la confianza mayoritaria del Parlamento. No ha sido posible. Y una vez constatado el fracaso, emerge esa tendencia tan acusada en el debate público nacional a sobrevalorar la importancia del “modelo” bien para mitificarlo o bien para descalificarlo. Es bien conocida la insistencia dogmática en la supuesta infalibilidad del “modelo” federal para resolver los problemas del Estado autonómico. Como si el “modelo” –federal o no– fuera único y funcionara al margen de los actores políticos. Uno tiende a pensar que no hay modelo ni federalismo que sobreviva, por ejemplo, a un Mas o a un Ibarretxe y que en vez de echarle la culpa al barco habría que mirar a la tripulación.

También ahora ha aparecido la crítica al “modelo” para exonerar de su responsabilidad, al menos parcialmente, a quienes no han podido o no han sabido articular de forma eficaz y coherente la expresión de la voluntad del cuerpo electoral. La cosa viene de atrás. Este interminable ciclo electoral que se inicia hace dos años con las elecciones al Parlamento Europeo se abrió con las apelaciones de la extrema izquierda populista a romper no se sabe qué candados en la Constitución que, según aquellos, cerraban el “sistema” a la voluntad popular. La propia trayectoria electoral de quienes han venido propalando sus extraviadas descalificaciones del sistema constitucional demuestra el cinismo y la falsedad de aquella denuncia. Lo cierto es que el rendimiento del sistema constitucional en este periodo político inédito está acreditando ser muy superior a lo que son capaces de producir tantos que lo critican. Este sistema –con ley electoral incluida– ha sido capaz de incorporar la nueva configuración del pluralismo político en nuestro país, ha ofrecido un marco procedimental en el que se pudieran desarrollar las iniciativas de pacto, y ha ofrecido precedentes de acuerdos de gobernabilidad mucho más valiosos y eficaces que la profusión retórica y probadamente estéril del elogio puramente nominal a la cultura del pacto.

Las instituciones han actuado como tenían que hacerlo, empezando por la Corona cuya actuación, afirmada la expresión electoral de los ciudadanos, ha sido previsible en el ejercicio de su papel constitucional, y prudente al sortear las ocurrencias que algunos proponían. Nada ni nadie en el “modelo” ha condicionado o reducido el margen de maniobra de los partidos. Menos aún puede decirse que aquel se encuentre sesgado hacia opción alguna. No hay en absoluto una especie de incapacidad estructural del sistema constitucional para adaptarse a una situación nueva. La crisis del bipartidismo, en todo caso imperfecto, ha cambiado muchas cosas pero nadie podrá decir que España ha sufrido un vuelco revolucionario o desestabilizador. Cuando los dos partidos de gobierno y una fuerza constitucionalista emergente suman 253 escaños en el Congreso no se puede hablar de un sistema desestabilizado o ingobernable. Otra cosa es que la estrategia de pactos del PSOE en el nivel autonómico y municipal haya potenciado por encima de su representatividad a las fuerzas declaradamente rupturistas, es decir extrema izquierda y nacionalistas, que se agrupan en Podemos y sus satélites.

Lo ocurrido sin duda merece una reflexión y seguramente procederá, en su momento, reconsiderar determinados aspectos de la regulación de estos periodos, sobre todo en la perspectiva de una eventual repetición de elecciones en el futuro. Pero estas reformas no vendrán exigidas por ninguna deficiencia constitucional que se haya hecho patente en estos meses sino por la conveniencia de atenuar en lo posible las peores consecuencias políticas e institucionales que podrían derivarse de un nuevo fracaso de los actores políticos si estos tuvieran que afrontar una situación similar en el futuro.