El Brexit a juicio ante el Parlamento

Como ya es sabido, el Tribunal Supremo del Reino Unido (RU) ha emitido sentencia el 24 de enero, en un recurso interpuesto, entre otros, por el Fiscal General, el Abogado General de Escocia y el Fiscal General de Irlanda, contra una decisión de un Tribunal de Instancia de ámbito territorial, que obligaba al Gobierno a pasar por el Parlamento antes de poner en marcha el proceso para la salida (Brexit) de la Unión Europea (UE), mediante la notificación al Consejo Europeo (Jefes de Estado y de Gobierno) que prevé el artículo 50 del Tratado de la UE.

La sentencia, emitida después de las audiencias públicas celebradas del 5 al 8 de diciembre de 2016, es de una gran extensión, 97 folios y 283 considerandos, y puede resumirse en estos tres puntos:

1º. No es competencia del Tribunal Supremo cuestionar lo acertado o no de la salida del RU de la UE, ni los términos en que esa salida vaya a producirse, ni los detalles de la futura relación entre el RU y la UE. Tales cuestiones deben ser resueltas por el Gobierno y por el Parlamento.

2º. Sí es competencia del Tribunal Supremo decidir las cuestiones jurídicas planteadas por personas físicas y entidades, en el ejercicio de derecho de acceso a la justicia en una sociedad democrática. En consecuencia, aunque el Gobierno tiene atribuidas las competencias en materia de relaciones exteriores y pueda aprobar o denunciar Tratados Internacionales, sin embargo, cuando esa denuncia produzca efectos en la política interna y en los derechos de los ciudadanos, el Parlamento tiene que aprobar una ley que lo autorice.

3º. Para proceder a la puesta en marcha del proceso de salida mediante la notificación prevista en el artículo 50 del Tratado de la UE, no es preciso contar con la aprobación del Parlamento de Escocia, Gales o Irlanda, pues no tienen transferida la competencia en materia de relaciones internacionales. Cuestión esta de la que debería tomar buena nota Cataluña.

El artículo 50 citado establece que una vez se lleve a cabo en el plazo de dos años el proceso de desconexión entre el RU y la UE, dejarán de aplicarse al RU los Tratados europeos y el RU pasará a tener la condición de país tercero. Resulta evidente que los ciudadanos británicos perderán derechos, entre otros, el de ser ciudadanos europeos (por ejemplo, los millones de turistas ingleses que visitan España todos los años, dejarán de percibir gratuitamente asistencia sanitaria por la Seguridad Social, salvo pacto en contrario).

¿Cuáles son las consecuencias de esta sentencia?

La primera, que el Gobierno de la Sra. May debe presentar un proyecto de ley al Parlamento pidiendo autorización para notificar al Consejo de la UE que el RU desea salirse de la Unión.

La segunda, que se producirá un debate parlamentario de resultado no muy incierto, dadas las mayorías conservadoras de ambas Cámaras, pero en el que se discutirán las condiciones de salida que proponga el Gobierno.

La Sra. May expuso el 17 de enero de este año los objetivos del RU en las negociaciones de la salida con la UE, a saber: proporcionar seguridad y certidumbre en el proceso; autonomía legislativa sin intervención del Tribunal de Justicia de la UE; implicar a las cuatro naciones que componen el RU en la construcción de una país más fuerte; mantener la apertura de la frontera con Irlanda; controlar la inmigración; garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que residen en el RU y de los británicos que residen en la UE; proteger y mejorar los derechos de los trabajadores que establece la normativa europea; establecer un acuerdo de libre comercio con la UE; establecer nuevos acuerdos comerciales con otros países; hacer del RU el mejor lugar para la ciencia y la innovación; cooperar en la lucha contra el crimen y el terrorismo y colaborar en materia de defensa y política exterior; y conseguir que el proceso del Brexit sea suave, ordenado, escalonado y respetuoso de los intereses de las partes.

Este podría ser el contenido del proyecto de Ley que el Gobierno remita al Parlamento y los términos en que el Parlamento conceda la autorización. El problema está en que en la hipótesis de que el Parlamento lo aprobara en sus propios términos, el Gobierno de la Sra. May se presentaría en la mesa de negociación con un mandato que solo podría modificarse (negociar es transigir) con una nueva ley de ratificación.

No se olvide que el Tratado de salida al que pueda llegarse en las negociaciones entre el RU y la UE, también debe ser aprobado por el Consejo Europeo por una mayoría del 72% de los Estados Miembros, es decir 19; que representen una población del 65%, es decir, 288.316.000 habitantes (artículo 238.3.b del Tratado de Funcionamiento). Y no se olvide tampoco que después debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.

No cabe duda que nos espera un largo proceso.

#Reino Unido #Brexit #Parlamento