Análisis FAES El debate británico sobre el Brexit multiplica los interrogantes

Alfredo Crespo Alcázar es analista y profesor

Alfredo Crespo Alcázar es analista y profesor.

Tras el 23-J es el Partido Laborista quien transita por terrenos ciertamente complejos. Las “primarias” a través de las cuales Jeremy Corbyn resultó reelegido como líder el pasado mes de septiembre no han implicado el final de la división que impera en la aludida formación, sobresaliendo el reciente regreso al debate del blairismo. Se trata de un fenómeno trascendente pero que guarda relación sólo colateralmente con la postura adoptada hacia la UE por el actual liderazgo laborista.

En efecto, el blairismo implica una concepción de la política diametralmente opuesta a la defendida por Corbyn y las radicalizadas bases laboristas, cuyo discurso (en particular cuando aluden a que el objetivo del Gobierno de Theresa May es entregar los servicios públicos británicos a las corporaciones de Estados Unidos) aproxima al laborismo al emergente populismo de izquierda que campa por el “viejo continente”, además de conectarlo con los años de Michael Foot, cuyo extremismo se tradujo en mayúsculas derrotas electorales. Así, en la actualidad el Partido Laborista recurre a un superávit de dogmatismo basado en afirmaciones alejadas de la realidad, siendo la principal de las mismas aquella que señala que en Reino Unido aumenta el binomio desigualdad-explotación.

La intervención de Blair de hace escasos días no se aparta del que ha sido siempre su modelo de partido y de Unión Europea. El ex primer ministro condena sin ambages el escoramiento del laborismo hacia la izquierda y exige que la UE ponga en marcha reformas que la hagan más competitiva en el terreno económico, reivindicando que Reino Unido podría ejercer un liderazgo en los asuntos globales formando parte de aquélla, no permaneciendo al margen.

Corbyn, por su parte, ha asumido como propio el eslogan tory de “Brexit es Brexit”, argumentando, como los conservadores, que cualquier acción destinada a renegociar la presencia de Reino Unido en la UE iría en contra de los deseos expresados por la ciudadanía británica. Esta suerte de fair play también puede interpretarse legítimamente como un ejemplo de “euroescepticismo encubierto” por parte del actual líder laborista, algo de lo que le viene acusando un amplio sector de su grupo parlamentario, certificando de esta manera la capacidad de la “cuestión europea” para crear alianzas heterodoxas en Reino Unido.

Por su parte, el Gobierno tory ha cerrado filas alrededor de las tesis defendidas principalmente por Liam Fox, Boris Johnson y David Davis, esto es, el denominado “Brexit duro” que concede prioridad absoluta a las cuestiones relacionadas con la inmigración frente a las estrictamente comerciales, identificando el resultado del referendo del 23 de junio con la recuperación por parte de Reino Unido de su autogobierno, soberanía e independencia. En este sentido, otrora euro-pragmáticos como la propia Theresa May, han aceptado tales proclamas, aunque no por ello subestiman la importancia que las cuestiones económicas adquirirán en la negociación a desarrollar con la UE. Al respecto, las diferentes intervenciones de la primera ministra, en particular desde la Conferencia Anual del Partido Conservador celebrada el pasado mes de octubre, se orientan en esa dirección con la finalidad de tranquilizar a la sociedad en general y a la comunidad empresarial en particular.

Asimismo, decantarse por el “Brexit duro” ha servido para que los tories frenen el auge de UKIP. Sin embargo, este éxito momentáneo también encierra el riesgo de que los adversarios del Partido Conservador insistan en apuntar que ha claudicado ante el populismo, nacionalismo y la xenofobia que caracteriza a la formación liderada hasta hace bien poco por Nigel Farage. Actualmente, las divisiones que caracterizaron a los conservadores sobre “Europa” no se aprecian con la nitidez de antaño. El consenso parece asegurado a pesar de las intervenciones de eurófilos de abolengo como Ken Clarke, cuya influencia, como se demostró durante el post-thatcherismo, cabe calificar de residual.

Con todo ello, la principal oposición que está hallando el Gobierno de May la apreciamos en los nacionalismos periféricos de Escocia y País de Gales, representados por el Scottish National Party (SNP) y The Party of Wales. No obstante, estas dos formaciones no se encuentran en idéntica posición, ni gozan de la misma capacidad para influir en sus respectivas naciones: mientras el nacionalismo escocés gobierna en Escocia y disfruta de una amplia representación en Westminster, no puede predicarse lo mismo del galés.

Así, el SNP ha encontrado en el triunfo del Brexit “una ventana de oportunidad” para reincorporar a la agenda política la celebración de una consulta como la de septiembre de 2014. Al respecto, la estrategia seguida por Nicola Sturgeon (ministra principal de Escocia) recurre a un milimétrico gradualismo. A cada acción del Gobierno británico responde considerando que aquel actúa en contra de los intereses escoceses, en particular cuando May defiende el “Brexit duro”, lo que dejaría a Escocia fuera del Mercado Único.

A partir de aquí, el SNP argumenta que el Gobierno tory ha subestimado el punto de vista de las naciones integrantes de Reino Unido. Consecuentemente, este agravio avalaría la exigencia del parlamento escocés, en el que disfruta de mayoría el nacionalismo, de solicitar la celebración de un nuevo referendo vertebrado alrededor de la dialéctica unión versus separación.

Como se desprende, el manejo que del lenguaje realiza el SNP es sobresaliente, eludiendo responsabilidades que descarga en el Gobierno británico y presentando una aspiración particular como si fuera una demanda general.

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